El alcalde de Daimiel, Leopoldo Sierra, ha insistido en su preocupación por que el Soporte Vital con enfermero desparezca finalmente de Daimiel, después de que no se haya renovado su licitación, y que en las últimas horas el periódico eldigitaldealbacete.com señale que la Unidad Móvil de Emergencia (Soporte Vital Básico con Enfermería) se conceda a Casas Ibáñez, decidiéndose así el Concurso del Trasporte Sanitario Terrestre que adjudica este servicio.
Sierra se resiste a "perder la batalla" y confía en que la moción que sellaron de forma conjunta todos los grupos municipales (PP, PSOE e IU-Ganemos Daimiel) en el pleno de enero se traduzca en seguir apostando por una "sanidad de calidad" en Daimiel. Para el alcalde daimieleño: "los objetivos deben buscar incrementar la cartera de servicios pero nunca quitarlos cuando además funcionan".
Leopoldo Sierra conserva la esperanza de que desde la Consejería de Sanidad o Presidencia de la Junta de Comunidades se atienda la moción conjunta del Ayuntamiento para conservar ese servicio sanitario. Ahora mismo, explicó, son los únicos órganos que podrían subsanar la resolución del Concurso, que calificó de "injusticia sanitaria" para Daimiel y su comarca.
Este Soporte Vital, explicó, permite personarse en pocos minutos en la propia ciudad (de 4 a 6 minutos, aproximadamente), y empieza a trabajar de forma real desde el primer instante con el paciente afectado.
Deslinde de Dominio Público
Preguntado por el deslinde del cauce del Guadiana entre los molinos de Molemocho y Zuacorta, Leopoldo Sierra informó que el papel del Ayuntamiento de Daimiel fue presencial mediante "invitación" y para comprobar la no afectación a competencias municipales, ni a la ordenanza de caminos o en el mantenimiento de los mismos.
El alcalde apeló al consenso de ambas partes para que se cumpla la Ley de Aguas y se respete el Dominio Público, que ante todo prevalece, con el menor perjuicio de quienes adquirieron una propiedad legítimamente.
Olores
En cuanto al estudio olfatométrico, el primer edil indicó que los trabajos siguen su curso habitual. Una vez obtenidos todos los datos se trasladarán a los órganos competentes para que actúen en consecuencia, precisó. En este sentido recordó que la competencia en esta materia se adscribe a la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección General de Impacto Medio Ambiental. Estos organismos, junto al Estado, pueden establecer las normativas pertinentes y la responsabilidad al respecto. "Los ayuntamientos -comentó -podemos desarrollar estas normas". Sierra puntualizó que esa posibilidad existe cuando hay regulación previa con unos parámetros debidamente identificados y cotejados de estamentos superiores que las administraciones locales puedan asumir para su implantación y impulso futuro.
ALCALDES A PIE DE CALLE 
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