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Daimiel. El equipo de Gobierno paraliza parte del gasto municipal hasta que no se logren aliviar las tensiones de liquidez

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Daimiel ha decido paralizar las contrataciones del Plan de Empleo Municipal 2018 y las inversiones presupuestadas con fondos propios hasta que el Gobierno autonómico no empiece a librar los pagos de los convenios que sustentan los servicios sociales en el municipio. Dos decisiones a las que, de alargarse estos retrasos, se uniría en junio la eliminación de la paga extra a los trabajadores municipales, “totalmente imposible” de afrontar en este contexto. “No queremos jugar con el dinero ni con el trabajo de nadie, por lo que no comprometeremos ni un euro más hasta no tener la total certeza que podemos afrontar su pago. Esto es un punto de inflexión, no hubiéramos querido llegar aquí”, remarcó el concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo.

El anuncio llegó en la recta final de una moción donde el Grupo Municipal del Partido Popular pedía a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que estableciese un mecanismo de pago que pusiera fin a la “insostenible y agónica situación” que atraviesa la liquidez de las arcas municipales, ya que los servicios sociales, de competencia autonómica y por lo que en 2017 se conveniaron más de 1.700.000 euros, generan importantes gastos desde el 1 de enero pero, el pasado ejercicio, el dinero de algunos convenios “empezó a llegar entre agosto y septiembre”, y de otros, “incluso a finales de diciembre”, como recordó el concejal de Hacienda. Esto unido a la imposibilidad de acudir a financiación externa (ni en el corto ni en el largo plazo) convierte la situación en “insostenible”. Además, en 2017 el Ayuntamiento tuvo que complementar la aportación conveniada de la JCCM con alrededor de otro millón de euros adicional. 

En este 2018, cumplido el primer trimestre, “el Ayuntamiento no ha recibido ni un euro”. Así las cosas, prorrateando mensualmente la cantidad total del año pasado, el Consistorio ha asumido con fondos propios un desembolso de 700.000 euros desde el 1 de enero, de los que 450.000 euros corresponderían a la Junta de Comunidades. El concejal de Hacienda también remarcó que existe una diferencia importante con la anterior legislatura y es que no pueden acceder a pólizas de crédito a corto para solventar esta situación.  

“A continuación, el alcalde Leopoldo Sierra, descargó “el sentimiento de impotencia” que, según dijo, está viviendo durante estos siete años al frente del Ayuntamiento de Daimiel. En esa intervención, reconoció que intentar evitar el rescate del Consistorio ha sido y sigue siendo una “constante” durante estas casi dos legislaturas completas. 

Por eso, y “tras llamar a todas las puertas”, asumía en primera persona el coste político de estas medidas. “Si mañana aparece el titular de quiebra técnica, pues tendrá que aparecer. Aquí está mi cabeza, si no me votan me iré a mi casa”, expuso.  No obstante, también quiso dejarle claro al gobierno de García-Page que “no están asfixiando a un alcalde del PP, a los que están asfixiando es a los vecinos de Daimiel” y a los usuarios de estos servicios sociales. “¿Esa es su solución? La nuestra es intentar salvar los servicios sociales del Ayuntamiento de Daimiel”, zanjó. 

También defendió la colaboración del gobierno de Cospedal entre los años 2011 y 2015, tras la insistencia de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Eva María López, de que durante esa legislatura “se calló y se aplaudió”. Sierra le recomendó que, si no sabe algo con seguridad que lo pregunte, y si no que prescindiese de comentarios, al argumentar con datos las aportaciones realizadas por el anterior gobierno regional entre 2011 y 2015.

Los grupos de la Oposición, PSOE e IU-Ganemos, ya habían agotado sus turnos de réplica en la moción y solo pudieron fijar su postura en el apartado de preguntas donde, tanto Eva María López como Galo Sánchez-Bermejo, portavoz de la coalición de izquierdas afearon que no se hubiera trasladado las implicaciones que tendrían la no aceptación de la JCCM de la solución planteada por el Ayuntamiento. 

Sánchez-Bermejo no entendía por qué no se comentó en comisión o al menos durante el debate para poder “modular” la posición de su grupo. A López también la sorprendieron las formas del Ejecutivo municipal y que, “si las consecuencias eran tan graves”, por qué se no había contestado a “la solución” que aportaba su grupo para apoyar la moción, y que pasaba por incluir otro punto donde se solicitara también ayuda el Ministerio de Hacienda.  Sánchez de Pablo señaló que las medidas “son consecuencia de la falta de pago de la JCCM, no de la moción”, apeló a que ya habían aprobado una solicitud de anticipo al Ministerio de Hacienda en un punto anterior y confiaba en que la Junta fuera sensible a lo que ocurrirá si no atiende a esa petición de calendario de pagos. 

Anticipo del Estado

La otra decisión para solventar el problema de liquidez de las arcas municipales, y en principio, la más segura e inmediata de hacerse efectiva será el anticipo 760.000 euros de los tributos del Estado correspondientes a Daimiel para todo el año 2018. Esta solicitud está amparada en el artículo 98.2 de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 y debe de contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Algo que parece probable basándose en la justificación aportada por los informes de la Tesorería Municipal donde se subraya la “situación urgente y extraordinaria”, que marca como requisito los PGE para su concesión. Esa cantidad se devolverá en pagos mensuales de 95.000 euros de mayo a diciembre “sin coste financiero” para el Ayuntamiento de Daimiel, como destacaba el concejal de Hacienda, Jesús David Sánchez de Pablo. 

En sus intervenciones, reiteró que se ha llegado a este punto por las restricciones al crédito que sigue provocando la deuda municipal hasta que no baje del 110 por ciento de nivel de endeudamiento. A esa ventana cerrada, se unen la caída de la recaudación fiscal por vía ejecutiva “en unos 400.000 euros” y, sobre todo, el importante plazo de tiempo que transcurre desde que se generan los gastos sociales (1 de enero) hasta que la JCCM comienza a hacer sus libramientos de pago, como se trató en la moción sobre este tema. “La situación del Ayuntamiento de Daimiel es muy específica y este dinero es un pequeño aire, aunque no resuelve el problema de fondo”, apuntó. 

Izquierda Unida-Ganemos apoyó con los votos de sus dos concejales la petición al Estado porque “aunque para aprobarlo bastaría la mayoría del PP, entendemos que esto puede ayudar a nuestra financiación”, como resumía su portavoz económico, Juan Julián Rodríguez de la Rubia. Tras urgir a una reforma global de la financiación local, el concejal de IU-Ganemos se mostró comprensible con esta solicitud porque “cualquiera que hubiera estado en el gobierno se estaría enfrentando a una situación difícil de gestionar”. 

Un apoyo que agradeció el responsable de Hacienda y que en el caso del Grupo Municipal Socialista se quedó en la abstención de sus cinco concejales. Su portavoz, Eva María López, reprochó al Ejecutivo Municipal que “vendan que cada vez estamos mejor, cuando luego no es así”. Destacó que la Diputación Provincial está atendiendo las peticiones del ayuntamiento con varios anticipos en 2018 de los tributos locales de los que gestiona su cobro, y recriminó al equipo de Gobierno que fuera ahora más exigente con los pagos de la Junta que durante la legislatura de María Dolores de Cospedal. Presión que reclamaba que se elevara al ministro Montoro, cuya decisión de liberar el anticipo de los tributos juzgaba de “pan para hoy y hambre para mañana”. 

Reclamación a Aquona

En el pleno también se ratificó la decisión de la Junta de Gobierno Local de reclamar a Aquona el pago de algo más de 300.000 euros por el llamado canon de vertidos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Un concepto que, en el contrato firmado con la empresa en 1993, entonces con el nombre de Aquagest, se recogía que esos pagos anuales, correrían a cargo de la adjudicataria. Eso no ha sucedido así, el Ayuntamiento ha pagado ese canon y ahora tras la revisión de ese contrato se reclamará esa cantidad por vía administrativa primero, y judicial después si no hubiera respuesta afirmativa. “Con la situación que tenemos, vamos a pelear hasta el último céntimo”, afirmó el concejal de Urbanismo, Javier Fisac. 

Una decisión que salió adelante con los apoyos del PP, y la abstención de PSOE-IU Ganemos. 

Donde no hubo concesiones al acuerdo fue en el debate sobre el sistema público de pensiones. Los grupos municipales reprodujeron en cada una de sus mociones las posiciones de su partido a nivel nacional y, pese a las interpelaciones al Pacto de Toledo o a la gravedad del problema que todos compartieron, quedaron más patentes las divergencias que las posibles coincidencias. 

El resultado fue que la moción del PP se aprobó solo con sus votos a favor, que la del PSOE se rechazó por la mayoría popular y con la abstención de IU-Ganemos, y que la de la coalición de izquierdas tuvo solo el apoyo de sus dos concejales y en contra de los 14 restantes que asistieron al pleno de abril. De momento, la Corporación Municipal cuenta con 16 ediles ya que sigue vacante el escaño que Ana Meco dejó en IU-Ganemos.
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