Daimiel congela sus impuestos, precios públicos y tasas para el año 2027

Daimiel Noticias. – El Pleno del Ayuntamiento de Daimiel celebrado este lunes por la noche abordó los impuestos, precios públicos y tasas municipales para 2027. Los votos de los populares que integran el equipo de Gobierno de Leopoldo Sierra junto con el apoyo del grupo municipal socialista permitieron sacar adelante la congelación de las tasas, precios públicos e impuestos para 2027. Vox se abstuvo en este tercer punto del orden del día.

El debate de este punto se hizo de forma conjunta con la modificación de la ordenanza no fiscal reguladora de la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y depuración, que obtuvo el apoyo de VOX y la abstención socialista.

Durante el turno de intervenciones, el concejal de Hacienda, Román Ortega, explicó que no se tocan económicamente las ordenanzas fiscales, aunque sí recogen seis salvedades con pequeñas modificaciones técnicas que concretan la prestación.

Es el caso de las tasas del cementerio municipal, donde se modifica el enunciado de las tarifas relativas a las limpiezas de restos y traslados sin modificación de la cuantía económica.

Por otro lado, se incorpora una nuevo apartado en la recogida de basuras relativo a las normas de gestión, en la cual, los solares o parcelas sin vallar o aquellos vallados en los que la única construcción sea la propia valla perimetral y no tengan contratado el suministro de agua, no estarán sujetos a esta tasa.

También se modifica la redacción del artículo 1 relativo a la tasa por entrada de vehículos y se añade un apartado en el artículo  2 reconociendo la existencia de portadas para el acceso a los inmuebles, aun en los supuestos de no existir aceras.

En lo que respecta al precio público por la utilización de piscinas, se añade una aclaración de cómo acreditar la condición de discapacidad y la situación de pensionista para poder tener la bonificación en la entrada.

Asimismo, en el IBI se modifica otro apartado relativo a bonificaciones de familia numerosa y, por un lado, se introduce que la bonificación debe ser solicitada por el sujeto pasivo justificando el  cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario y renovar anualmente. Y, por otro, las solicitudes de bonificación presentadas hasta el 31 de marzo, surtirá efecto ese mismo ejercicio, siempre que cumplan los requisitos desde el 1 de enero.

Por último, en relación con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, se establece otro artículo donde introduce que los coeficientes que dependen del gobierno central, serán de aplicación en el momento en que los aprueben sin la necesidad de modificar las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Daimiel.

En cuanto a la ordenanza no fiscal reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración y demás servicios y actividades prestados con relación al ciclo integral del agua, el equipo de Gobierno presentó su redacción definitiva, una vez ajustadas a la adjudicación del nuevo contrato del agua que entrará en vigor.

Desde VOX, su portavoz  Juan Carlos Sendarrubias, vio bien la congelación de las tasas, precios públicos e impuestos y su seguridad jurídica avalada por los informes técnicos preceptivos y manifestó su apoyo a las ordenanzas relativas al agua asociadas a un contrato del que expresó su conformidad.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Pepe Jiménez de los Galanes, agradeció que se hubiera retirado la tarifa T01 por considerarla “abusiva” al tiempo que planteó sus dudas sobre la aplicación efectiva de la tarifa social de familias numerosas, y en particular, si se había aplicado a hogares de este perfil perceptores del Ingreso Mínimo Vital. Por eso pidió que se informe a las familias para “garantizar que llegue a quienes la necesitan”.

Sobre ambos asuntos, el concejal de Hacienda justificó las modificaciones propuestas en el contexto económico actual donde la inflación acumulada en el España se sitúa en torno al 20% en los últimos 5 años. Ante esto, defendió la apuesta del equipo de Gobierno por mantener la congelación de tasas, precios públicos e impuestos con el objetivo de “evitar trasladar una mayor carga económica a las familias daimieleñas” y expuso que los cambios responden principalmente a cuestiones organizativas, técnicas y de adaptación normativa.

En el caso concreto de la ordenanza del agua, señaló que se introducen ajustes relacionados con los aspectos organizativos, técnicos y las condiciones de prestación del servicio integral del ciclo del agua, entre las que se encuentran obligaciones, exenciones y bonificaciones, tarifas, gestión y recaudación, infracciones y sanciones  y el canon medioambiental de la JCCM

Respecto a la tarifa social, aclaró, en respuesta a las dudas planteadas por el PSOE, que los servicios sociales son los que trabajan con las familias y pueden facilitar que quienes cumplan las condiciones se beneficien de este tipo de tasas.

El alcalde, Leopoldo Sierra, cerró el debate señalando que las ordenanzas regulan los tributos municipales y que las modificaciones planteadas no suponen un incremento de los tipos ni de las cuantías. Defendió el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento para mantenerlos congelados y destacó que también se concretan las bonificaciones y las exenciones previstas, entre ellas la relativa a los solares en la tasa de residuos. Asimismo, agradeció la disposición de los portavoces y su respaldo a las medidas planteadas.

En relación con la ordenanza del servicio de agua, el alcalde recordó que la concesión del servicio no elimina la titularidad y competencia municipal.

Aseguró que el Ayuntamiento seguirá defendiendo los intereses de los ciudadanos y que, una vez formalizado el contrato con la empresa concesionaria, el objetivo seguirá siendo garantizar que el agua llegue a todos los hogares de Daimiel, que el servicio de urgencias funcione con diligencia y que la prestación se desarrolle con garantías.

Anticipo reintegrable y modificación de crédito
Los asuntos económicos coparon la mayor parte del debate plenario, ya que también se dio cuenta de la devolución y la nueva solicitud de anticipo reintegrable a la Diputación Provincial por valor de 500.000 euros y con impacto directo al proyecto de construcción de la futura Plaza de España. La medida obtuvo el apoyo de Vox al no suponer un incremento de la deuda global respecto al ejercicio previo, mientras que el PSOE se abstuvo por entender que el proyecto de ejecución no ha tenido aval ciudadano dada la escasa participación en consulta popular y su licitación ha quedado desierta en dos ocasiones. Su portavoz, Sonia González-Mohíno pidió el rediseño del proyecto para alcanzar mayor consenso social.

El edil Ortega explicó que, al dilatarse los plazos, se trata de un mero trámite contable y administrativo que, en ningún caso, afecta a la concesión de este dinero. Sobre la exposición socialista, aclaró que la falta de licitadores se debe al incremento de costes en la construcción y a la escasez de mano de obra y no a una falta de gestión municipal.

Sobre este último aspecto el alcalde defendió la urgencia del proyecto para evitar caídas y apostilló que se está trabajando en un procedimiento de Negociado para sacar adelante una nueva licitación que permita solucionar cuanto antes el estado de la Plaza.

Por otra parte, los populares lograron sacar adelante una modificación de crédito por valor de 226.986 euros con cargo a créditos no comprometidos en partidas de gasto corriente y a subvención extraordinaria de la Diputación. Vox y PSOE se abstuvieron. La medida permite al Ayuntamiento de Daimiel ampliar el crédito al proyecto de graderío del pabellón de La Espinosa (42.000 euros) y a transporte (2.000 euros).

El grueso económico de la modificación afecta a las nóminas de los trabajadores del Ayuntamiento de Daimiel, ya que se inyectará al capítulo 1 de los presupuestos casi 183.000 euros para atender la subida del 2,5% de actualización de salarios de los empleados públicos acordada en enero por el Gobierno central y los sindicatos. Una subida con carácter retroactivo correspondiente al ejercicio 2025 que ningún grupo criticó el fondo, pero que sí generó debate, tanto en el propio punto como después en un ruego de González-Mohíno, basado en la previsión municipal.

El grupo socialista cuestionó que si en los presupuestos del ejercicio 2025 aprobados a finales de 2024 ya se había incluido una previsión para la subida salarial del sector público del 2,5% por qué se ha tenido que esperar a finales de 2026 y recurrir a una modificación presupuestaria extraordinaria para resolver una obligación salarial ordinaria.

Aunque el propio concejal de Hacienda rebatió esa postura, fue Sierra quien relató que el Real Decreto fue aprobado por el Gobierno central en diciembre de 2025, el cual fijó un incremento adicional del 2,5% para 2025 con carácter retroactivo desde el 1 de enero de ese mismo año, generando un gasto sobrevenido e imprevisto de casi 183.000 euros a pocos días de finalizar el ejercicio que no pudo ser incluido en los propios presupuestos puesto que ya habían sido aprobados antes de la publicación de este Real Decreto.

El primer edil reivindicó mayor financiación a los ayuntamientos y ensalzó que el Ayuntamiento de Daimiel tenga presupuestos aprobados en tiempo y forma frente a la ausencia de los mismos en el Gobierno central.

Declaración Institucional
Asimismo, se aprobó por unanimidad una Declaración Institucional en apoyo a la Educación Infantil donde se recogía la postura unánime de apoyo a los centros de Educación Infantil, a su refuerzo en las condiciones de atención y reducción progresiva de las ratios, además de una dotación acorde de recursos humanos, materiales y económicos necesarios para garantizar una atención educativa adecuada y de calidad.

Ruegos y preguntas
Tratándose de un pleno ordinario, el equipo de Gobierno tomó nota de los ruegos y las preguntas planteadas por los grupos de la oposición, y, a renglón seguido, contestó a las cuestiones planteadas en la convocatoria de octubre.

También hizo lo propio con las cuestiones ciudadanas registradas que permitieron conocer las cuantías e inversiones destinadas al mantenimiento, reparación y mejora de la red de agua potable y depuración en los dos últimos años. El concejal de Urbanismo, Jesús Javier Villar, subrayó que el nuevo contrato obliga a la empresa adjudicataria a realizar una inversión de 5 millones de euros en los dos primeros años, más 240.000 euros anuales durante los 25 años de concesión.

Sobre la situación del proyecto de la macroplanta de biometano y ordenanza de olores, Villar reafirmó que la tramitación del proyecto se encuentra parada en la Junta de Comunidades y bloqueada a nivel local por la suspensión de licencias aprobada en pleno. Explicó que, en virtud de la Ley 5/2026 de Evaluación Ambiental, el Ayuntamiento dispone de un plazo de hasta 12 meses (hasta el 24 de julio de 2027) para presentar el informe fundamentado de no conformidad por impacto negativo. También anunció que el periodo de exposición pública de la ordenanza de olores finalizó el 8 de noviembre, por lo que se abre un proceso de evaluación de alegaciones presentadas.