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Alfoz de Lloredo. El juez avala la actuación del Ayuntamiento en lo relativo al uso de locales públicos

Los concejala socialista Ana María Herrera, que denunció la denegación de utilizar el aula de música en una fecha concreta, deberá pagar las costas

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander ha desestimado la denuncia de Ana María Herrera Carral, que presentó junto a su compañero del grupo socialista Fernando Rodríguez, contra el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, imponiendo las costas a la recurrente.

La polémica surgió a raíz de la denegación de a la recurrente del uso del aula de música del Asilo San José para el día 4 de mayo de 2017 por no ser un local destinado al uso político de conformidad con el reglamento regulador vigente.

Se recurríann también las resoluciones  por las que se acuerda que las peticiones efectuadas por la recurrente para reunirse con concejales y simpatizantes del grupo municipal socialista en el salón de plenos del Ayuntamiento, con sede en Novales, se celebren en el salón de actos del Colegio Quirós, en Cóbreces.

La resolución de 3 de mayo de 2017 deniega el uso del local solicitado por la recurrente por no ser un local destinado al uso político en aplicación del reglamento publicado en el BOC el 31 de enero de 2012. Sin embargo, la recurrente acredita mediante la declaración testifical practicada en la vista que el uso pretendido no era político sino uno de los incardinables en el reglamento referido. Ahora bien, en su solicitud, nada se explicó al respecto, limitándose a efectuar la petición sin mayor explicación y por ende, incumpliendo el reglamento de 1 de junio de 2010 relativo al funcionamiento de los centros socioculturales.

Así las cosas, la sentencia considera que “no resulta ilógico que el Ayuntamiento,  siendo conocedor del cargo de la recurrente, entendiera que se trataba de usar dicho local con fines políticos, razón por la que la pretensión anulatoria de la resolución no puede prosperar”.

Se explica en la resolución que el derecho a participar en los asuntos públicos y el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, derechos consagrados en el artículo 23 de la Consitución, que están a este respecto íntimamente ligados, incluyen el derecho al desempeño a las funciones o cargos públicos de acuerdo con lo previsto en la Ley. Pero este derecho fundamental es un derecho de configuración legal, correspondiendo por tanto a la Ley el ordenar los derechos y facultades que corresponden a los distintos cargos y funciones públicas, delimitando así el ámbito del derecho fundamental, siempre dentro del respeto a su contenido esencial, como de manera reiterada ha declarado el Tribunal Constitucional.

Añade la sentencia que el acto impugnado consistió en la denegación puntual para un día, hora y local determinado, que no impedía solicitar la cesión para otro local o tiempo próximo.

 

Contra la resolución no cabe recurso alguno.

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